En el mes de octubre ingresó al Senado para discusión en su primer trámite constitucional el proyecto de ley “Envejecimiento positivo”, impulsado por el Ejecutivo, para promover el cuidado integral de las personas mayores y fortalecer la institucionalidad asociada a la población mayor.

En la parte de antecedentes y fundamentos de este proyecto, se señala que el Ejecutivo ha considerado permanentemente la voz de los adultos y adultas mayores, lo que a primera vista se contrapone frontalmente con la fría realidad de este grupo etario, lo que hace parecer a esta afirmación como si fuera un sofisma, por no decir que es una muestra más de la miopía de nuestras autoridades, que se resisten a creer en las falencias de la actual institucionalidad vinculada a las personas mayores.

Este proyecto, según lo expresan las palabras y frases que lo componen, está lleno de buenas intenciones, de las cuales hemos sido testigo más de alguna vez en el pasado, las que también han sido pensadas y manejadas en gobiernos anteriores, de todas las tendencias políticas, los que, a pesar de sus diferencias de fondo, coinciden en seguir manteniendo a las personas mayores alejadas de los derechos fundamentales que se pretende consagrar en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Este es un mal endémico, mucho peor que la actual pandemia del Covid-19 que estamos sufriendo, pues de esta podemos defendernos si mantenemos los cuidados y recomendaciones que entrega la Organización Mundial de la Salud. Pero de lo que no podemos defendernos como personas mayores es de toda esa maraña discriminadora-burocrática, impuesta por las malas políticas de Estado, que nos envuelven y hacen que un futuro mejor sea por el momento un horizonte difícil de alcanzar.

Es por esta razón que las adultas y adultos mayores del presente y los jóvenes que con el paso de los años también lo serán, tienen que salir de su letargo y abrirse a lo nuevo, al cambio de las añejas estructuras que han sostenido a nuestra sociedad, con el fin de aprovechar la gran oportunidad, por qué no decir histórica, que se nos ofrece mediante el proceso de Convención Constituyente que los mismos ciudadanos se han dado y aprobado como respuesta a la crisis social que por décadas los ha mantenido subsumidos en la desigualdad y el olvido.

Como decía anteriormente, en la parte del proyecto de ley que tiene que ver con los antecedentes y fundamentos, a primera vista mantiene en su logos (palabra, discurso) una argumentación y un orden perfecto que, de hacerse realidad, sería sin duda la solución a las problemáticas de las personas mayores; pero a no olvidar que las palabras y los argumentos son fáciles de crear, pero lo difícil es que estos pasen a ser parte efectiva de la realidad. Consecuente con esto, es lícito recordar ese dicho que circula en el inconsciente colectivo que nos enseña que “de las palabras a los hechos, existe un largo trecho”.

La realidad del adulto mayor en nuestro país siempre ha sido compleja y, por lo tanto, un cambio de esta también lo es, pues las diferentes variables que entran en juego son de un carácter interdisciplinario sin par, lo que hace que sea de suma necesidad echar a andar un proceso que asimile todas estas variables en función de una totalidad, donde todos sus elementos integrantes e interactuantes logren acoplarse de manera armoniosa, pues si esto no es así, la totalidad del proceso funcionará en la medida de lo posible, donde la burocracia y la discriminación para con los adultos mayores seguirán actuando como si nada hubiese sucedido.

Es por eso que este nuevo proceso que se está echando a andar debe conducirse con la máxima responsabilidad y lejos de intereses personales, pues elaborar una nueva Constitución, en la cual los adultos mayores tengan un sitial de preferencia no es cosa fácil, dado que lo que se constituya con los ojos del pasado-presente debe asegurar una proyección para un futuro pensado para los próximos cuarenta o cincuenta años como mínimo. Por esto, se apela a quienes sean los responsables  de redactar el texto de la nueva Constitución sean probos y actúen en conciencia, pues estarán trabajando por todas las generaciones futuras; además, que tendrán la oportunidad de hacer por primera vez, en mucho tiempo, un trabajo responsable que vele por el presente y futuro de las personas mayores, asegurándoles un buen pasar y una muerte digna, que es algo que tenemos sobradamente merecido, por todo lo entregado en mayor o menor medida a la sociedad.

Estas palabras, que aluden al proyecto de ley de envejecimiento positivo, no pretenden ser una guía interesada, ni una forma negativa de rechazo de este proyecto, sino más bien un llamado a aunar conciencias, sean cuales sean y vengan de donde vengan, con el fin de luchar por una gran causa, la de los adultos y adultas mayores, que es una etapa de la vida por la cual deberán pasar todos los seres humanos sin diferencia alguna de credo, raza o condición social. Esta es una etapa o parte de nuestro proceso de vida, impuesto por la naturaleza, que debería instalarnos en una instancia de profunda reflexión que permita zanjar diferencias y de una vez por todas lograr todos los acuerdos que sean necesarios, para que los auspiciosos contenidos de esta ley, una vez aprobada, no se convierta en letra muerta, al igual como ha sido con otras leyes llenas de vacíos, que no cumplen con el objetivo de su creación, quedando de este modo, condenadas a una permanente modificación. ¡No olvidemos que llegamos a este mundo sin nada y que, al momento de partir, en un viaje sin retorno, también nos iremos sin nada!

Silvio Becerra Fuica
Profesor de Filosofía
Agente Multiplicador de Salud Formado en el Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso

(Foto portada: Ignacio Amenábar/https://unsplash.com)