Opinión

[OPINION] Conoce los fundamentos de Ley REP (Clarita Luz Caneo)

En R-Acciona siempre solemos decir que el cuidado del medioambiente es tarea de todos y, en este sentido, la normativa tanto nacional como internacional cumple un rol fundamental al respecto.

La Ley Nº 20.920 establece el “Marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje”. Esta norma jurídica vio la luz el año 2016, luego de tres años de tramitación en el Congreso Nacional, cuando fue promulgada y publicada en el Diario Oficial.

Cabe destacar que la llamada “Ley REP”, por su sigla que hace alusión a la “Responsabilidad Extendida del Productor”, es mucho más que un instrumento de gestión ambiental. A continuación, les comento el porqué en base a las 3 piedras angulares en las que se fundamenta:

  1. MARCO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Esta ley nos otorga un marco general de regulación respecto de todo aquello relacionado con el ciclo de vida de los residuos, algo que, hasta ese momento, era inexistente en nuestro país. Antes de la entrada en vigencia de esta ley, su regulación se encontraba dispersa en distintas normas y cuerpos legales que sólo trataban temas puntuales, lo cual traía aparejado una serie de problemas prácticos ya que faltaba hacerse cargo de manera adecuada de la gestión de residuos, debido a su gran impacto negativo que generan en el medioambiente, además de los costos sociales y económicos, en especial para los Municipios.

Esta ley viene a complementar y fortalecer la normativa medioambiental nacional, basándose en lo que se conoce como “jerarquía en el manejo de residuos” la cual se puede representar en la siguiente pirámide invertida:

  1. RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR

De esta manera, se establece esta responsabilidad para todos los Productores de Productos Prioritarios, basado en el principio medio ambiental llamado “contaminador pagador” o “el que contamina paga”, a través del cual, este tipo de productores son responsables por ley, tanto de la organización como del financiamiento de la gestión de los residuos que comercialicen siempre que sean de aquellos considerados como Productos Prioritarios (PP); a saber: Aceites y lubricantes, Aparatos eléctricos y electrónicos, Baterías, Envases y embalajes, Neumáticos y Pilas. Estos PP fueron establecidos así principalmente debido a su consumo masivo, su factibilidad de ser valorizados y el volumen que representan.

Las metas de recolección y valorización de cada PP se regularán a través de su propio Decreto Supremo (DS), el cual es dictado al efecto por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). A la fecha, sólo se encuentran publicados los decretos asociados a Neumáticos y el de Envases y Embalajes cuyas metas comenzarán a exigirse desde el año 2023.

  1. FOMENTO AL RECICLAJE.

El modelo de economía lineal en el cual nos encontramos inmersos en estos tiempos ya no es viable puesto que la mayoría de los residuos terminan siendo dispuestos, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario, sino en vertederos o lugares que terminan convirtiéndose en microbasurales ilegales, con todo el conflicto socioambiental que ello conlleva. Con el propósito de prevenir la generación de residuos y su valorización, fomentando así la economía circular en nuestro país, esta ley consagra que el MMA contará con un fondo específico al que podrán postular Recicladores de Base, Municipios y Asociaciones de Municipalidades destinado a financiar proyectos, programas y acciones que tengan relación con una gestión de residuos ambientalmente racional.

De esta manera, hoy contamos con una ley que se fundamenta en principios medioambientales reconocidos internacionalmente, todo con el objeto de disminuir la generación de residuos y fomentar su valorización para así proteger la salud de las personas y la de nuestro medioambiente.

Finalmente, cabe señalar que respecto de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.920, como la mayoría de las normas medioambientales, se estableció que fuese de gradual y aún no se implementa en su totalidad. Lo anterior con el fin de dar tiempo a los regulados para adecuar sus procesos, prepararse a nivel de infraestructura y económicamente, entre otros, por los costos que traerá aparejados el cumplimiento de la norma y lograr así las metas que ella contempla. En el caso de infracciones a la ley, será la Superintendencia del Medio Ambiente el organismo encargado de la labor de fiscalización y se contemplan sanciones que van desde amonestaciones por escrito hasta multas por 10.000 U.T.A.

Clarita Luz Caneo
Abogada medioambiental R-Acciona

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