El parlamentario independiente pro RN analizó el escenario actual de la delincuencia y los avances de la nueva ley de armas. A su vez, indicó que “es clave la modernización de las policías para que se actualicen sus capacidades y se especialicen”.

Hace pocos días, un comerciante ambulante recibió impactos de proyectiles en el sector de la Playa del Sol, en Viña del Mar, que le causaron la muerte. Horas antes de este hecho se había producido otro incidente con armas de fuego involucradas en una discoteca de Valparaíso que terminó con tres personas heridas: un hombre, una mujer y un menor de 17 años. Esto se suman secuestros con extorsión y con resultado de homicidio, como el ocurrido en Iquique, y el asesinato por encargo de un empresario de Concón.

Sobre este escenario se refirió el senador de la Región de Valparaíso, Kenneth Pugh, quien afirmó que “el problema de seguridad pública que generan las armas no está en quienes cumplen con la ley para su tenencia y porte. El problema está en los delincuentes y organizaciones criminales que en forma ilícita obtienen y utilizan armas para cometer sus delitos. Ese es el problema que hay que resolver y donde hay que priorizar todos los esfuerzos. Existe un consenso en el mundo político y el Ejecutivo sobre la importancia que tiene para el país el sacar adelante un Ministerio de Seguridad Pública. Además, es clave la modernización de las policías para que se actualicen sus capacidades y se especialicen, utilizando de mejor forma las herramientas tecnológicas que existen para combatir la delincuencia”.

La aprobación en el Senado de la nueva Ley de Armas es un gran avance en este sentido, señaló el congresista independiente pro RN, precisando que “el proyecto actualiza los elementos prohibidos para las armas como el uso de silenciadores, de los dispositivos que convierten armas semiautomáticas en automáticas y se incluye las de fogueo o de juguete adaptadas para utilizar balas. En relación con la trazabilidad, se incorpora un registro de ADN balístico cuyo objetivo es permitir identificar el arma desde dónde fue disparada una bala y también se establecen mayores exigencias al momento de internar armas al país y registrarlas”.

Según el senador, uno de los cambios más trascendentales es el aumento de penas para los delitos asociados a las armas. Es así como la venta de municiones no autorizada pasa a ser delito; por otro lado, la pena por entregar armas a menores de edad aumenta a 541 días a hasta 5 años de presidio. Además, se crea el delito de adulteración, alteración o destrucción del sistema de trazabilidad de las armas. Sobre fiscalización, se incorpora a la PDI para el cumplimiento de dicha labor (hoy solo pueden fiscalizar carabineros y FF.AA.). Se permite, también, fiscalizar con mayor exigencia a polígonos, canchas de tiro, depósitos de reparación o fabricación de armas.

Sobre la fiscalización, el legislador propone potenciar los controles preventivos por parte de las autoridades. “Lo que se controla funciona, por este motivo debemos tener más controles preventivos para detectar las armas ilegales. Las personas que no están haciendo nada malo o si no portan algo indebido no tienen por qué molestarse con identificarse frente a la autoridad. Así vamos a evitar que anden circulando tantas armas en la calle de manera clandestina”, enfatizó.

“Las armas sólo pueden estar en manos de sus tenedores legales, responsablemente guardadas en sus domicilios o en los lugares debidamente especificados. Todo aquél que porte un arma no inscrita y no autorizado es un delincuente y tiene que ser procesado como tal”, concluyó.

(Foto portada: Getty / archivo)