(Por Gato Dequinta)

En este quinto capítulo y final del reportaje, revisamos el Programa de Gobierno del Presidente Electo, Gabriel Boric, y advertimos con preocupación que, igual que otros gobiernos anteriores, solo se abordan los llamados “delitos de mayor connotación social” y no hay ni siquiera una línea sobre los delitos menores -como los robos de celulares, carteras, bicicletas, etc.- que son los que afectan diariamente a la población. Frente a esto, el Gobierno de Boric debe entender que la impunidad delictual es un problema político y tratarla como un tema de Estado, y no solo como un problema policial o judicial.

De esta forma, el nuevo Gobierno debiera poner fin al “acuerdo tácito” entre fiscales y políticos y enfrentar estos delitos mediante nuevas políticas públicas que aborden este espacio que existe entre los delitos mayores y las faltas. Así como aumentar el número de fiscales y crear tribunales especializados para atender estos delitos. De lo contrario, continuará la trágica impunidad que azota desde hace años a los chilenos y chilenas, víctimas de estos delitos.

Si Chile cambió, esperamos que también cambie para dar mejor justicia al pueblo chileno.

LAS CIFRAS DE ROBOS DE CELULARES Y BICICLETAS

En Chile, no existen datos precisos sobre la cantidad de celulares robados. Una cifra que ayuda a entender la magnitud de este delito lo entrega la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, la que registra que, al año, unos 276 mil celulares son bloqueados, la inmensa mayoría por robo, sin considerar la enorme “cifra negra” de los miles de aparatos robados sin que sus dueños hagan la denuncia.

En materia de bicicletas robadas, tampoco hay cifras concretas. Pero se deducen del cruce de datos. Según la Encuesta Origen Destino del Ministerio de Transportes, el uso de la bicicleta para movilizarse ha crecido desde hace dos décadas y, especialmente, desde el inicio de la pandemia. Así, en el 2001 hubo apenas 300 mil viajes diarios por este medio, en el 2012 se registraron 600 mil, mientras que el año pasado hubo un millón 644 mil viajes diarios.

La encuesta de Yerka Bikes, de junio del año pasado, reveló que el 37% de los ciclistas dijo haber sido víctima del robo de su medio de transporte.

Esto querría decir que habría alrededor de 304 mil robos de bicicletas al año en el país.

EL PROGRAMA DE BORIC NO DICE NADA SOBRE ESTOS DELITOS

Al analizar el Programa de Gobierno el Presidente Electo, Gabriel Boric, es posible observar que mantiene la tónica de todos los gobiernos anteriores, desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en adelante.

Es decir, se aboca exclusivamente a los delitos “de mayor connotación social” y deja de lado los delitos menores, que seguirán en la impunidad, a pesar de que afectan a cientos de miles de chilenos y chilenas.

Es positivo que el Gobierno de Boric pretenda darle un nuevo enfoque al combate al narcotráfico y a las bandas de crimen organizado, así como reformar (ya no refundar) Carabineros; terminar con los delegados regionales y sus atribuciones en seguridad pública y traspasarlas a los gobernadores regionales y darles más atribuciones a los alcaldes en materia de seguridad ciudadana.

Pero mantiene, tal vez sin darse cuenta, el tácito acuerdo de hace 15 años entre el Ministerio Público y los Gobierno de turno.

SOLO SOBRE DELITOS “MAYORES”

La “medida 27” de las 53 primeras medidas que promete realizar el Presidente Electo, Gabriel Boric, durante su Gobierno, señala: “Refundaremos nuestras policías, (aunque después de ser electo Boric cambió este concepto a “reforma”) aumentando la dotación en las comunas que más lo necesitan, mejorando su eficiencia en la persecución del delito y asegurándonos que respeten los DDHH y se subordinen al poder civil”.

En el capítulo sobre “Justicia”, el Programa de Gobierno incluye “mejorar acceso a la Justicia a todas las personas, dotando, en el intertanto, de personal estable adicional en las Corporaciones de Asistencia Judicial”.  Se propone reforzar el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

“Vamos a transformar la prioridad de la seguridad para proteger a las personas que más la necesitan. Casi 3 millones de chilenos y chilenas sienten balaceras todo el tiempo en sus barrios. Concentrada en territorios específicos, la violencia ha crecido y requiere de una respuesta frontal y coordinada del Estado que ponga como su prioridad la lucha contra las organizaciones criminales, identifique espacios de posible corrupción o ineficiencia institucional, consolide una mayor eficiencia en la investigación criminal y fortalezca el énfasis en la lucha contra el lavado de activos como mecanismo de consolidación del crimen organizado. En los territorios donde hoy se concentran estas actividades criminales, invertiremos para que el Gobierno se haga presente con mejor educación, salud y capacidades laborales y recreativas para niños, niñas y adolescentes”, indica el Programa de Gobierno.

“Por ello, y como corrección de la utilización política de la gestión del delito, proponemos la creación del Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Serán dependientes de este Ministerio las policías, Agencia Nacional de Inteligencia, Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, Programas de Prevención del delito, SENDA”, añade.

En específico, “los Gobiernos Regionales tendrán a su cargo la elaboración de los Planes Regionales de Seguridad Ciudadana (PRSC), en coordinación con los gobiernos locales, y sus respectivos Planes Comunales de Seguridad Pública.  Habrá transferencia de potestades relativas a seguridad pública y ciudadana de los Delegados Presidenciales al Gobernador Regional”.

También habrá “modificaciones a la Ley 20.965 para ampliar las facultades de las alcaldías para la gestión de la seguridad ciudadana”.

Respecto del crimen organizado el nuevo Gobierno señala que “es un fenómeno complejo, potenciado por la exclusión social y ausencia de derechos. Comprende acciones como el narcotráfico, el comercio sexual precario, la trata de personas, el tráfico de armas, entre otros y que por lo tanto requiere de una nueva estrategia alejada de la noción de la “guerra contra las drogas” basada exclusivamente en la represión”.

Para eso, se propone “una política de persecución penal eficiente del narcotráfico, focalizada en la investigación y el desbaratamiento de las grandes bandas que actúan en el país”.

Sobre una Política de Drogas, el próximo Ejecutivo plantea: “legislaremos una nueva Ley de Drogas, distinguiendo entre el microtráfico y el tráfico de estupefacientes. Junto a lograr una política de persecución penal eficiente del narcotráfico, focalizada en la investigación y el desbaratamiento de grandes bandas que surten drogas en las poblaciones, realizaremos un cambio en la forma de enfrentar el problema del consumo de marihuana, adoptando un enfoque de prevención y reducción del daño. Analizaremos cambios a la ley 20.000 para que el consumo recreacional de la cannabis sea legal para mayores de edad”.

Es interesante y destacable que el próximo Gobierno intente hacerse cargo de la seguridad pública, sobre todo en materia de los delitos considerados graves como homicidios, secuestros, sicariato, etc.

Pero en el Programa del nuevo Gobierno no hay una sola palabra sobre la forma en que enfrentará los delitos que más afectan a la población, como son los robos y hurtos, ni qué solución dará a la gigantesca impunidad que campea sobre estos delitos, en que los delincuentes se quedan riendo.

IMPUNIDAD DELICTUAL, UN PROBLEMA POLÍTICO

El hecho de que cientos de miles de causas por hurtos y robos terminen en la más completa impunidad es una bomba de tiempo que puede estallar tarde o temprano en la cara de los próximos gobernantes del país.

La impunidad delictual es un problema político, no solo jurídico o judicial. La impunidad que azota hoy a Chile afecta sobre todo y de manera dramática a los más pobres, a los trabajadores y a la clase media.

El robo de un celular o de una bicicleta no solo causa perjuicio económico a las víctimas, sino también un tremendo impacto emocional, psicológico y de inseguridad cotidiana.

En cuanto al valor económico del bien sustraído, no es lo mismo que le roben el celular o la bicicleta a un trabajador que al gerente o al dueño de la empresa. Por ejemplo, el celular robado puede llegar a alcanzar un valor cercano al sueldo que gana la víctima durante todo un mes de trabajo. Es decir, el 100 % de su salario. En cambio, para el gerente o el empresario, ese mismo celular robado equivale solo al 10 ó 20% de sus ingresos mensuales. De tal manera que el impacto del robo es brutal en un caso y circunstancial en el otro.

Lo mismo cabe decir para el robo de bicicletas, cuyo uso ha crecido desde hace dos décadas, principalmente por el alto costo del transporte público y, últimamente, por evitar contagios en ese mismo transporte. La sustracción de este medio impacta fuertemente en los más pobres, sobre todo en quienes lo usan a diario para ir y venir al trabajo y a sus hogares.

El problema de estos delitos de robos y hurtos no es su gravedad (comparado con los homicidios, por ejemplo), sino su enorme y cada vez más creciente cantidad, que se esparce sobre la sociedad peor aún que el coronavirus.  Ese es, precisamente, el problema político que genera y del que el futuro Gobierno debieran también hacerse cargo.

Los delitos “mayores” (como ya dijimos, homicidios, narcotráfico, crimen organizado y otros graves) ya han sido abordados por gobierno anteriores y lo serán por el nuevo Gobierno.

Sin embargo, para enfrentar la enorme impunidad delictual que aflige a los chilenos y chilenas, el nuevo Gobierno debiera entender la impunidad delictual como un asunto de Estado y abordar con esta mirada el enorme espacio político-jurídico que existe entre los delitos mayores o de “mayor connotación social” y las faltas, espacio que corresponde a los delitos “menores” como el robo o el hurto.

En primer lugar, dentro de esta nueva política pública, debiera poner fin al “acuerdo tácito” de hace 15 años entre Fiscalías y políticos y dictar una nueva política de seguridad pública, destinada a enfrentar no solo a los delitos “mayores” o considerados más graves, sino también y principalmente estos “delitos menores” como el robo y el hurto, que no son investigados ni sancionados, como es el caso de los robos de celulares y de las bicicletas, que hemos expuesto como ejemplos a lo largo de todo este reportaje.

Entre otras medidas, podría también aumentar el número de fiscales, para que se hagan cargo específicamente de este tipo de delitos y así evitar el masivo archivo de las causas.

Así mismo, podría crear nuevos tribunales especializados en atender y resolver este tipo de casos, de manera que dicten sentencia más rápidamente.

Ojalá que las nuevas autoridades aborden este grave problema, por el bien de Chile y su futuro. De lo contrario, se puede levantar una enorme avalancha de descontento social, por una sociedad hastiada de tanta impunidad delictual y frustrada al ver incumplidas sus esperanzas de cambio.

[REPORTAJE] ¿Por qué no se investiga el robo de mi bicicleta o de mi celular? La tragedia de la impunidad delictual que azota a Chile (Parte 1)

[REPORTAJE] ¿Por qué no se investiga el robo de mi bicicleta o de mi celular? La tragedia de la impunidad delictual que azota a Chile (Parte 2)

[REPORTAJE] ¿Por qué no se investiga el robo de mi bicicleta o de mi celular? La tragedia de la impunidad delictual que azota a Chile (Parte 3)

[REPORTAJE] ¿Por qué no se investiga el robo de mi bicicleta o de mi celular? La tragedia de la impunidad delictual que azota a Chile (Parte 4)