Agricultura golpea la mesa: Ministerio eleva exigencias para evitar urbanización indiscriminada del suelo rural

Si en el proceso de subdivisión ha evidenciado de que estas sean para fines habitacionales, obliga a paralizar el procedimiento y requerir informes al MINVU, CONAF y cualquier otro organismo que se considere pertinente.

Un histórico instructivo emitió esta semana el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela van Treek, como una forma de frenar el profundo proceso de fragmentación que en los últimos años ha afectado a las zonas rurales del país, particularmente en el sur y la Patagonia.  La idea es hacerse cargo de la “pública notoriedad” que el tema ha cobrado durante los últimos meses, donde comunidades y autoridades han denunciado que los loteos indiscriminados con fines habitacionales generan graves impactos, tanto en materia ambiental como a las comunidades que en estos territorios habitan.

El acto administrativo, fechado 12 de julio, fue derivado este viernes a todas las direcciones regionales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo responsable de la aplicación del Decreto 3.516 sobre subdivisión de predios rústicos, al cual está dirigido el instructivo.

En concreto, señala el oficio conductor, el instructivo obliga a paralizar el proceso de certificación que realiza el SAG cuando la solicitud pudiera “dar cuenta que el proyecto importa un eventual cambio de destino de los lotes, una vulneración de la prohibición asociada a los artículos 55 y 56 de la LGUC, o una inviabilidad en su ejecución conforme la normativa que deba respetar”.  Es decir, cuando se trate de proyectos con evidentes fines habitacionales. En estos casos, se deberá requerir, previo a seguir con el proceso “los informes que sean pertinentes, como los de SEREMI MINVU o CONAF, a fin de mejor resolver rechazar de plano la solicitud o continuar su tramitación regular”.

En la fundamentación del instructivo, además, se constata que la idea es enfrentar el hecho de que “parte de la industria y los desarrolladores inmobiliarios han ajustado sus proyectos para vulnerar el espíritu del citado decreto al lotear terrenos rurales simulando que continúan teniendo fines agrícolas, ganaderos o forestales, aunque en realidad sus usos finales son de tipo habitacional”.

Durante los últimos meses, el tema ha sido puesto en la discusión por múltiples organizaciones territoriales y ambientales del sur del país, de lo cual se han hecho los alcaldes de Valdivia y Puerto Varas, además de la gobernadora de Aysén.

Erwin Sandoval Gallardo, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, expresó que «sin duda que este instructivo constituye un aporte en solucionar un problema que, en parte, responde a una ausente o deficiente coordinación entre los distintos órganos administrativos con competencia en la materia». Agregó que la medida confirma «algo que hemos señalado reiteradamente que, no obstante la necesaria modificación o robustecimiento de la normativa vigente, hoy existen herramientas normativas para abordar, desde la institucionalidad, la problemática de los mega loteos con fines inmobiliarios en suelo rural».

Y concluyó: «En buena hora que el Ministerio de Agricultura actúa en la senda correcta, buscando la coordinación intersectorial desde etapas tempranas y con un enfoque preventivo; esperamos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo igualmente esté disponible a ejercer las atribuciones que tiene en materia de subdivisiones y no generación de núcleos urbanos al margen de la planificación territorial».

“Nos alegra mucho ver este instructivo y, sobre todo, el cambio de actitud del Ministerio de Agricultura, ya que nosotros hemos estado presentes y hemos visto en primera persona la influencia que tienen estas subdivisiones en territorios agrícolas, que afectan no sólo al medio ambiente, sino que gravemente a las comunidades” señaló Álvaro Erazo, arquitecto e integrante de la agrupación Protege los Molles, de la Región de Valparaíso. Puntualizó que “en el caso de nosotros, el tema del agua es prioritario y los servicios vienen de las mismas cuencas, se ha generado una fragmentación del territorio en que afecta gravemente al medio ambiente, flora y fauna, incluso se ven amenazadas zonas arqueológicas”.

Explicó que “cuesta mucho lograr planificación territorial de buena calidad y que esté actualizada, y que contemple estas cosas. Entonces si las zonas rurales, que son las que no se planifican, quedan en manos de loteadores irregulares o parcelaciones con nombres ecológicos pero que no se cumplen, el ordenamiento territorial queda en el vacío”.

Paula Barría, presidenta del Colegio de Arquitectos Zonal Chiloé, agregó que “es fundamental entender que el problema no son las parcelaciones en sí mismas, sino la falta de planificación del territorio.  No es posible parcelar cuencas, bosque nativo, humedales y lugares que son nuestras reservas de agua, de la vida de la flora y fauna. Cómo es posible parcelar para uso habitacional aquellos sectores donde están nuestros alimentos, permitiendo pérdida de bosque, aumento de requerimiento hídricos para los municipios o APR, desarticulación social, afectación de napas, aumento de perros asilvestrados, y todo aquello que trae consigo la fragmentación del territorio o dl ecosistemas”.

Por ello, en la opinión de la orden profesional “esto es el principio para empezar a trabajar en una planificación territorial, en incentivos a los pequeños agricultores, en la protección definitiva de nuestras reservas naturales.  Esto no va ser posible si no hay territorio que ordenar y/o proteger, por tanto, espero que se siga avanzando en esta dirección, ya que finalmente lo que se hizo fue aplicar la ley”.

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