· Representantes de la Fundación Defendamos la Ciudad se reunieron con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, para analizar los antecedentes que descartan responsabilidad del MOP en los hechos. 

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, en compañía de dos de sus asesores se reunió el pasado viernes con la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien fue acompañada por su directora jurídica y otros funcionarios municipales. En dicha reunión se analizaron los motivos por los cuales se produjeron los socavones en las dunas de Cochoa y sus consecuencias.

Con la documentación tenida a la vista, se concluyó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no tendría responsabilidad alguna en el hecho, dado que los privados que construyeron los edificios aislados en altura violaron las disposiciones normativas contenidas en la zona V3 del Plan Regulador Comunal de Viña del Mar al construir esos edificios, a pesar de que dicha norma lo impide.

Al respecto, Patricio Herman detalló que la pendiente en ese sector supera los 35 grados, según la información de fotografías satelitales de Google Earth, siendo que “en esos frágiles terrenos en pendiente superior a 29 grados sólo se admiten edificaciones escalonadas”.

A su vez, señaló que “le propusimos a la Alcaldesa que la Municipalidad se autodenuncie en el Juzgado de Garantía para que un fiscal del Ministerio Público investigue las razones por las cuales el director de Obras Municipales otorgó esos permisos contrarios a derecho. En paralelo también le propusimos que su Municipio eleve los antecedentes, dada la vulneración del artículo 51 de la ley 19.300, al Consejo de Defensa del Estado para que este servicio asuma su responsabilidad por el daño ambiental ocasionado voluntariamente por actores privados”.

ANTECEDENTES

Según información entregada por la Fundación Defendamos la Ciudad, tras una revisión realizada el pasado 16 de septiembre al Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar, se observa que en la denominada “zona V3” se localizan los edificios de viviendas que no pueden ser habitados por riesgo latente en sus estabilidades, como consecuencia directa de los dos socavones existentes. 

La normativa de ese PRC establece que en la zona V3 se fijan las alturas máximas para edificaciones aisladas, las que se determinan de acuerdo a las rasantes establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), destacándose que la misma normativa local también fijó las condiciones topográficas en el sentido de que las edificaciones en ese sector deben ser escalonadas. Asimismo, se observa que en la zona V3 se habla de «densidad neta máxima: 1.300 habitantes por hectárea», en circunstancias que las densidades son solo brutas o netas sin agregados, conforme la misma OGUC.

Patricio Herman, a la luz del análisis de la zona V3 del PRC de Viña del Mar, sostiene que “la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar para esos proyectos cometió el garrafal error de otorgar los permisos y recepciones definitivas en conocimiento de que la normativa local vigente exige construir edificaciones escalonadas en terrenos con pendiente máxima igual o superior a 29 grados, cuando superen los siete metros de altura”, lo que se refleja en el Decreto Alcaldicio N° 10.949, de 2002, publicado en el Diario Oficial 13 de diciembre de 2002. 

“Más de alguien del establishment podría sostener que las normas contenidas en ese PRC son interpretables o bien que las mismas están mal redactadas, lo cual se debería dilucidar más adelante en la búsqueda de la verdad”.

Herman también manifestó que los inversionistas que construyeron estos edificios en altura, “con el acuerdo tácito de la DOM de Viña del Mar, decidieron alterar la morfología del territorio dunar para transformar sus terrenos como si fueran planos, vulnerándose la topografía existente para ue sus edificios pudieran construirse verticalmente, enmarcándose con este burlesco ardid, en las permisivas normas contenidas para las edificaciones aisladas”.

De lo anterior, se deduce que “hay motivos más que suficientes para que la alcaldesa Ripamonti, superiora jerárquica del DOM, Julio Ventura, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso y la propia Contraloría General de la República, adopten las medidas correctivas que procedan y se apliquen las sanciones que en derecho corresponden, ya que esos edificios aislados en altura nunca se debieron construir en el sector V3 del PRC de Viña del Mar”.

Finalmente, Herman es enfático en señalar que “en este deplorable episodio, los actores privados que levantaron temerariamente sus edificios no pueden desentenderse del problema, pues sus arquitectos y otros profesionales conocen muy bien el marco regulatorio aplicable y, por lo tanto, tendrán que asumir todos los costos asociados a sus incorrectas decisiones comerciales”.