Parlamentarios de oposición presentan Proyecto de Acuerdo de Gratuidad

El próximo presidente de la comisión de Educación del Senado, el senador Juan Ignacio Latorre, instó al presidente Piñera a realizar las modificaciones necesarias a la reforma a la Ley de Gratuidad para apoyar en sus estudios a 27 mil universitarios.

Tras darse a conocer por MINEDUC que 27 mil estudiantes perderán el beneficio de la gratuidad por haberse atrasado en sus carreras, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) junto a parlamentarios y parlamentarias de la oposición presentaron Proyecto de Acuerdo en donde se le solicita al Gobierno que, a través de una reforma a la ley de gratuidad, sea el Estado quien financie la extensión en al menos 3, 2 o 1 semestres, según el caso, del periodo formal.

Al respecto, el senador Juan Ignacio Latorre (FA), integrante y futuro presidente de la comisión de Educación del Senado, indicó que la situación de los estudiantes “es multifactorial, problemas socioeconómicos, vulnerabilidad, temas de compatibilidad de estudios y trabajo, temas familiares. Tal como se ha conversado con algunos rectores del CRUCH, le pedimos al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que acoja esta pequeña modificación y que podamos resolver el problema hoy” para dar solución a los 27 mil estudiantes que se ven afectados por este problema, agregando que para ello “acá está la voluntad política manifestada por este Senado”.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC), integrante y actual presidenta de la comisión de Educación, se refirió al rol que deben tener también las instituciones y los propios estudiantes y la colaboración conjunta para su éxito académico, “ello implica, por ejemplo, universalizar programas exitosos de acompañamiento en los primeros años a los estudiantes más carenciados. Y como tercer y último punto, debe haber un compromiso de los propios estudiantes con sus estudios para cumplir en el menor tiempo posible con sus carreras”, señaló.

Finalmente, el senador Alejandro Guillier, recordó que el Tribunal Constitucional, nuevamente torció la voluntad popular y negó el derecho a la gratuidad a estudiantes universitarios que, por razones ajenas a su desempeño académico, sus carreras se extienden más de lo previsto.

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