Cada vez que los profesores y profesoras somos ignorados por los gobiernos de turno en nuestras peticiones y justas demandas, cuando notoriamente se abandonan las escuelas públicas, también se abandonan a nuestros estudiantes. La historia educacional de nuestro país, desde el año 1981 en adelante nos ha demostrado que las intenciones de los gobernantes y legisladores, no ha sido, garantizar una educación pública de calidad, como un derecho humano fundamental, sino más bien, convertir este derecho en un “Beneficio condicionado”, sólo para quienes pueden financiarlo, alcanzando mayores y mejores oportunidades, como una especie de canje: si pagas, alcanzas el derecho a la calidad, sino, arréglatelas como puedas. Esta práctica ya instalada, transgrede principios fundamentales de los Derechos humanos (Los derechos humanos son inalienables, no se suprimen ni modifican; y son iguales y no discriminatorios, “Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos”), impactando de forma negativa, en la formación integral de niñ@s y jóvenes.

Nuestro sistema educativo actual se rige por un sistema de evaluación estandarizado y se financia mediante subvención estatal, determinada por el pago por asistencia de cada estudiante (voucher). Estos dos cambios que se introducen, junto con la “municipalización de las escuelas, colegios y liceos”, hacen que se precarice el sistema público de educación, poniendo énfasis en la competencia entre escuelas para captar matrículas por los estudiantes. Somos uno de los pocos países del mundo que cierra escuelas, al no aumentar la matrícula y no demostrar mejores resultados, y es lógico, si tienes baja matrícula también tu fuente de financiamiento se estanca o reduce, incidiendo en cualquier tipo de gestión. Otros países con una mirada más profunda en materias de educación se dedican a “Abrir más escuelas”, manteniendo y aumentando las fuentes de financiamiento, apoyando proyectos y potenciando la gestión interna de las comunidades educativas.  Esto refleja la debilidad de un sistema educativo que no establece como foco central en sus políticas públicas el desarrollo integral de nuestr@s estudiantes, sustentado en mantener y mejorar la calidad de la educación en los establecimientos educacionales con que contamos, desde mejorar la infraestructura hasta potenciar el capital humano en cada uno de los contextos educativos. En este sentido, la competencia, la necesidad casi enfermiza por mantener y aumentar la matrícula y el objetivo determinante de mejorar los resultados SIMCE, bajo un sistema de evaluación estandarizada, no se ha traducido en lo absoluto en generar “calidad educativa”; por el contrario, sólo ha generado temor y presiones al interior de las comunidades. En definitiva, el modelo basado en rendición de cuentas está socavando la educación pública.

Actualmente, el profesorado de las escuelas públicas de Chile desde el día 3 de junio asume un paro indefinido que es una consecuencia de la precarización de la educación pública, el que tengamos que dejar las aulas para exigir que el gobierno responda nuestras justas demandas que solo van en beneficio del fortalecimiento de la educación de nuestros estudiantes, en este sentido los profesores y profesoras de Chile y la comuna de Valparaíso solicitamos a los responsables de este gobierno que:

A nuestras compañeros y compañeras educadoras y educadores diferenciales se les reconozca su mención, para que puedan percibir el ingreso correspondiente por su especialidad, cabe decir que nuestras y nuestros colegas realizan una labor fundamental diagnosticando e implementando las debidas adecuaciones curriculares para que los niños y niñas de nuestro país puedan aprender de la mejor manera posible.

Titularidad a las extensiones horarias, en este momento los docentes tenemos horas de contrato que al ser ampliaciones horarias no se consideran en el reconocimiento de la titularidad, es así como un profesor que tenga 15 horas de contrato y una ampliación de 20 horas al pasar a la planta lo hará solo con las 15 horas lo que implica una inseguridad laboral.

Con respecto a la seguridad de los docentes en el aula y fuera de ella este gobierno solo nos ha entregado herramientas punitivas como la ley aula segura que en vez de trabajar la convivencia desde el ámbito formativo reduce la discusión a las facultades de caducar la matrícula de alumnos o alumnas bajo decisión del director.

Fin al doble proceso de evaluación, actualmente con la ley de política nacional docente los profesores debemos evaluarnos cada 4 años pasando por un riguroso proceso de elaboración de un portafolio y una evaluación de conocimientos disciplinarios, el gobierno anterior que aprobó la ley olvido eliminar el proceso anterior de evaluación docente lo que implica que los profesores y profesoras en este momento tenemos 2 procesos obligatorios para evaluarnos, este sistema de evaluación que es propio de los sistemas mercantiles  introduce la competencia entre docentes más que aportar al trabajo colaborativo.

Continuidad en el diálogo de aspectos sustantivos de la calidad de la educación desde una perspectiva integral de la mal llamada “calidad de la educación” los docentes entendemos que el éxito escolar depende de las trayectorias de cada estudiante en su contexto  y en este sentido la estandarización de los procesos de evaluación (SIMCE) está en contra de la “calidad educacional”, solicitamos de manera imperante que se cambie la forma de evaluar la educación de  este país, pensando en la formación de alumnos y alumnas críticos que aporten a la sociedad.

Solicitamos que el sistema de desarrollo profesional docente sea modificado porque en su sentido actual solo promueve que los docentes se preocupen más de sus certificaciones individuales que de construir comunidad educativa para generar aprendizajes significativos. El actual sistema de desarrollo docente está enfocado en  estandarización, la medición intensiva de estándares y la competencia, por lo tanto los profesores nos declaramos críticos del actual sistema, solicitamos que se avance a un sistema que promueva el trabajo colaborativo y que aporte a que los docentes pongan sus esfuerzos en mejorar sus prácticas de enseñanza y evaluación.

Exigimos que se cancele la deuda histórica a nuestros colegas que llevan años esperando. En 1981 se estableció un reajuste de hasta un 90% del sueldo base para todos los funcionarios públicos, al ser traspasado el sistema educativo del estado a los municipios este reajuste nunca fue reconocido por sus sostenedores, el profesorado hasta el día de hoy está esperando que sea cancelado.

Solicitamos que el ajuste curricular realizado a las asignaturas de Historia, Educación Física y Artes sea suspendido ya que atenta a la formación integral de los alumnos y alumnas de 3° y 4° medio.

En este proceso de implementación de nueva educación pública, en la que seremos traspasados a los servicios locales de educación solicitamos que se nos cancelen todas nuestras deudas previsionales.

Todas estas peticiones son producto de la mercantilización del sistema educativo chileno y los profesores y profesoras de este país no bajaremos los brazos en este paro que tiene carácter de indefinido, nuestras peticiones apuntan a fortalecer cada vez más el sistema público educativo para los niños y niñas de este país.

Iván Contreras Sanhueza
Profesor de Historia, Geografía y Cs. Sociales
Presidente gremial Escuela Joaquín Edwards Bello

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