Frente Amplio se suma a Acusación Constitucional contra ministra Cubillos tras inclusión de un nuevo capítulo

Luego de acogerse los planteamientos que hiciera el conglomerado al Partido Socialista, las y los parlamentarios de la bancada del FA comprometieron su apoyo al libelo.

Tras semanas de estudio, redacción y diálogo público y privado, el Frente Amplio decidió respaldar la Acusación Constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Si bien la iniciativa había sido inicialmente planteada por el Partido Socialista, centrada en la no aplicación de leyes, la presentación final se concentraría en el paso de información falsa a apoderadas y apoderados, a la no ejecución de leyes y la discriminación de la que habrían sido objeto las educadoras diferenciales y de párvulos al negárseles el pago de su mención.

Según apunta la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, la diputada Camila Rojas (Comunes), “los problemas de la educación no parten con la ministra Cubillos, pero ella ha profundizado el abandono de la educación pública, ha discriminado arbitrariamente a las educadoras de párvulos y profesoras de educación diferencial y, además, la ministra ha mentido. Consideramos que este ejercicio de la oposición de presentar esta Acusación en conjunto, incluida la DC, es fundamental como primer paso”, comenta.

LA ACUSACIÓN

El capítulo agregado por el Frente Amplio se titula “Infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación con la vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución” y desarrolla la idea de que al ser rechazada la demanda de las educadoras diferenciales y de párvulos, de ser sujeto beneficiario de un bono de reconocimiento profesional, el Gobierno representado por la ministra Cubillos, habría incurrido en un acto de discriminación.

“La ministra no cumplió la ley, está discriminando arbitrariamente a las educadoras de párvulos y las profesoras diferenciales. Este argumento es contundente, fue parte de la movilización de las y los profesores y le da fuerza social a esta acusación”, agrega Camila Rojas.

“Luego de un proceso de trabajo que permitió no solo conocer el borrador de la acusación, sino también reforzarla con el apoyo de nuestros asesores del Frente Amplio, hoy podemos decir que esta acusación está plenamente fundamentada y ataca directamente lo que venimos hace tiempo recalcando: que el rol de la ministra es casi puramente comunicacional, el ministerio se encuentra abandonado, al igual que la educación pública. Nos interesa ahora profundizar una estrategia de rescate del ministerio, propositiva y en conjunto con las actorías sociales”, profundiza el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social), miembro de la comisión de Educación.

“Cuando se nos invitó a participar en esta Acusación Constitucional, desde el Frente Amplio solicitamos más tiempo para revisar todos los elementos jurídicos y políticos  que la sustentan y, en ese sentido, incorporamos este capítulo fundamental sobre la discriminación arbitraria que ejerció la Ministra Cubillos en torno a los educadores y las educadoras diferenciales y de párvulos, a quienes no se les reconoce su mención, y por lo tanto, no se les paga el bono respectivo profesional. Hoy esta Acusación tiene el sustento necesario para poder llevarse a cabo y ser revisada por una comisión de la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado”, declara la diputada Natalia Castillo (RD).

“Todos los acusados se defienden, eso es lógico, tienen derecho a hacerlo. Lo que corresponde no es la defensa que la ministra pueda hacer, sino que acá hay argumentos sólidos para la Acusación Constitucional. Esperamos que en esta Cámara se vote en tenor de estos antecedentes y no que haya una defensa corporativa de la derecha a la ministra Cubillos por ser de su bando. Si se toman en cuenta los antecedentes que hay, ella debería ser destituida”, agrega el diputado del PH Tomás Hirsch.

La acusación consta de cinco capítulos:

  1. Infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación con la vulneración del principio de probidad, en su dimensión de falta de veracidad.
  2. Infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación al respeto y protección a la vida privada y la protección de sus datos personales, así como el principio de finalidad previsto en la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada.
  3. No ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia a objeto de la adecuada implementación de la Ley N°21.040 que crea el sistema de educación pública, infringiendo los deberes de actuación consagrados en la Ley de Bases Generales del Estado, especialmente en materia de eficiencia, eficacia, y así mismo, coordinación.
  4. Infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación con la vulneración del principio de probidad y transparencia.
  5. Infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación con la vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución.

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