Camila Zárate, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), prepara su candidatura a convencional constituyente. En entrevista con el Diario La Quinta, nos cuenta detalles sobre esta decisión y su proyección como vocera de uno de los movimientos socioambientales más influyentes del país.

Si bien su candidatura nace en un contexto en el que los movimientos socioambientales son muy reticentes a la política institucional, señala que “este proceso ha sido pujado por los pueblos y territorios, pero como sigue las reglas impuestas por la élite político-empresarial los territorios siguen reticentes”, postura que para Camila es legítima, pues “refleja la diversidad de nuestro Movimiento. Ahora bien, desde la autonomía territorial que nos caracteriza, quiero decir que esta candidatura es producto de una decisión y trabajo colectivo de organizaciones del Movimiento por el Agua y de los Territorios de Valparaíso. Es una candidatura independiente y queremos presentarla como continuidad de las luchas que hemos dado desde el año 2013, momento que comenzamos a movilizarnos los 22 de marzo (Día Mundial del Agua) y 22 de abril (Día Mundial de la Tierra) por demandas históricas como una nueva constitución vía Asamblea Constituyente, la desprivatización del agua y la protección de todos los ecosistemas fragilizados. Estos hitos movilizatorios con los años dieron pie a Encuentros Plurinacionales territoriales, que permitieron al MAT liderar la discusión y movilización en torno a las luchas anti-opresiones que transversalizan la lucha ambiental, desde las luchas antiextractivistas, anticoloniales, antiantropocéntricas, antiracistas y feministas. Desde ese horizonte transformador buscamos incidir en la Convención Constitucional y desbordarla, por la vía de continuar fortaleciendo los procesos de base de la Asamblea Constituyente”.

¿Qué dificultades identificas como candidata independiente?

– Además de las dificultades que muchas y muchos han denunciado en virtud de la representatividad territorial y sectorial de independientes en la Convención Constitucional, una de las dificultades que identificamos es la electoralización del debate constituyente, centrándolo en distritos, cupos y en número de votos, así como en las respectivas alianzas electorales, dejando fuera lo programático. Si bien algunas voces plantean la posibilidad de levantar una lista antineoliberal, el debate sobre modelo de desarrollo, alternativas económicas, carácter del Estado, ordenamiento territorial, distribución del poder y concepción de derechos sociales y de la naturaleza han sido desplazados. Una de las dificultades, entonces, es continuar con la lucha de incidir y posicionar las conflictividades socioambientales y territoriales, sobre todo en estos tiempos donde atravesamos una pandemia extractivista sin precedentes escudada en la “reactivación”, para que las fuerzas de cambio abracen las banderas de la defensa de la naturaleza y todas las formas de vida.

¿Esa es otra dificultad para el proceso constituyente?

Totalmente. Desde las luchas socioambientales denunciamos excesos y abusos del modelo extractivista como los territorios en sacrificio y el saqueo de las aguas, pero también proponemos alternativas al modelo de desarrollo que desborden la concepción de crecimiento económico y ponga en el centro las relaciones sociales y ecosistémicas que sostienen y reproducen la vida. Esto también pasa por despatriarcalizar una economía profundamente masculinizada, es decir, que la economía incorpore el trabajo de los cuidados en su sentido amplio, en la casa y en el entorno territorial diverso, y que supere la lógica de explotación de cuerpos y territorios, donde las más perjudicadas son mujeres, niñas, niños, disidencias, adolescentes y animales no humanos. Para eso debemos tomar la decisión, como sociedad, de bajar el consumo y pensar en soluciones complejas para problemas complejos, basadas en los haceres y saberes comunitarios y ecosistémicos. Desgraciadamente, parte de las izquierdas sigue pensando en las chimeneas humeantes y en la profundización de la minería, es decir, más extractivismo, como soluciones para pagar derechos sociales. Incluido el derecho a la salud, lo cual es paradójico, pues nosotres estamos convencides que sin medioambiente sano y soberanía alimentaria ese derecho se seguirá vulnerando.

¿Cuáles son las propuestas de estado, desarrollo y economía que llevarás a la Convención Constitucional?

– Creemos que la disputa por el modelo de desarrollo ya la estamos viviendo y la Convención Constitucional debe hacerse cargo de ella. El plan de reactivación económica del actual gobierno es un anticipo de la propuesta de los sectores conservadores de la política institucional que aprovecharon la pandemia para entregar un salvavidas al modelo neoliberal y a su lógica de crecimiento (que desde los 90 vive un agotamiento profundo). Las soluciones ante la crisis sanitaria y económica han sido soluciones individuales, que impulsan la vieja creencia de inyección de dinero al consumo y endeudamiento para reactivar la economía junto con entregar exenciones tributarias e incentivos a las grandes empresas extractivistas. Sector económico privilegiado que jamás se tomó cuarentena.

En cuanto a las propuestas que se han trabajado en múltiples Encuentros, incluyendo la Cumbre de los Pueblos (cuyas demandas centrales son la justicia socioambiental y climática) y los Cabildos por el Agua (que dieron lugar al Decálogo por los Derechos de las Aguas y su Gestión Comunitaria), hemos establecido con claridad el reconocimiento de la Plurinacional (dentro y fuera de la lógica estatal); la protección de los derechos de las aguas y la Naturaleza; la declaración de los elementos naturales (agua, semilla, aire) como Bienes Comunes Inapropiables para su gestión comunitaria; y el decrecimiento, las economías locales, territoriales, feministas y solidarias, y el post-extractivismo como alternativas urgentes y posibles ante la crisis social y ambiental que vivimos. Es fundamental cambiar nuestra matriz energética, productiva y de consumo. Un ejemplo es la matriz basada en el monocultivo, que nos tiene exportando agua y destruyendo bosques, motivo por el cual apostamos a una política agroecológica transversal que permita el resguardo de las cuencas y del ciclo del agua.

¿Crees que esto puede ser posible en una discusión constituyente de menos de un año?

– El proceso constituyente ya comenzó. Somos parte de él. En octubre, territorios de todo el país se manifestaron contrarios al TPP-11 (el mismo que hoy buscan reactivar en el Senado), a la privatización del agua y a la existencia de territorios en sacrificio, como resultado de reflexiones y construcciones colectivas de muchos años. Las propuestas que señalamos también son reflejo de haceres y saberes comunitarios que se ejercen en los territorios de forma invisibilizada. Ahora lo que nos queda es incidir para asegurar trincheras que nos permitan seguir avanzando en nuestros horizontes programáticos. Sabemos que no es fácil. Sabemos que el extractivismo colonial alimentado por el modelo neoliberal impuesto en Dictadura y profundizado por la ex Concertación convirtió a la naturaleza en commodities, creó nuevos nichos de negocios y expandió el endeudamiento como solución individual al acceso de elementos naturales esenciales para la vida. Por lo mismo, esta lucha implica desmantelar a un empresariado con intereses en la renta de la naturaleza y con derechos de propiedad únicos en el mundo, implica cuestionar tratados de libre comercio y, por supuesto, conlleva la amenaza permanente a los y las defensoras ambientales, que hoy estamos desprotegidos. Aun así, debemos asegurar que esta pelea se pueda dar y para eso participaremos en la Convención Constitucional.