Luego de un proceso que contó con un congreso y la elección de candidaturas provenientes de las más diversas organizaciones de trabajadorxs, sociales, gremiales y territoriales, se inscribió en el SERVEL la lista “Poder Constituyente a toda costa” que pretende instalar las demandas de los movimientos sociales en la Convención Constitucional en el Distrito 7 de la Región de Valparaíso.

La lista la integran Patricia Brito, profesora, vocera de la Coordinadora No + AFP e integrante de No + Zonas de Sacrificio; Dann Espinoza, consejero de la Sociedad Civil y Comunitaria de Valparaíso (COSOC), activista socioambiental y animalista, y dirigente de la Asamblea Cerro Yungay de Valparaíso; Natalia Corrales, trabajadora social colegiada, dirigenta de la Federación de Trabajadorxs a Honorarios del Estado (UNTTHE) e integrante del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas Coordinadora Feminista 8 M; Alberto Ormeño, abogado, candidatura impulsada por Sindicatos Portuarios, de Trabajadores/as de Universitarias/os, del Área Social e Infancia y Organizaciones territoriales de Valparaíso, San Antonio y Ventanas; Géraldine Chávez, con estudios de Sociología, Política y Psicología en Alemania y vecina del Cerro Cordillera de Valparaíso y Daniel Chamorro, pescador artesanal/ egresado de derecho y representante de la Mesa Social del Archipiélago de Juan Fernández.

El programa que presentaron las candidatas y candidatos corresponde a la síntesis realizada en el congreso social llevado a cabo en el mes de diciembre del año pasado y considera las propuestas de más de 30 organizaciones de la Región de Valparaíso.

El documento plantea, en primer lugar, la “necesidad urgente de acabar con los pilares que sustentan la Constitución de 1980, escrita a punta de fusil en una dictadura cívico-militar que continúa determinando nuestras vidas hasta hoy”. Estos pilares son: el rol subsidiario del Estado; la propiedad privada por sobre nuestros derechos socio-económicos; el rol tutelar de las FFAA de la democracia; las leyes de amarre y obstáculos a la participación democrática y popular; y el hiperpresidencialismo. “Acabar con la herencia de la dictadura y avanzar en un proceso popular y participativo para la construcción de una nueva sociedad feminista, igualitaria, ecologista, plurinacional y para las y los trabajadores será el norte de nuestra lista en la disputa de este proceso constituyente”, señala el texto.

Se reconocen, además, ejes transversales que deben tener una manifestación en todo el texto constitucional: el feminismo, el ecologismo y el respeto irrestricto de los derechos humanos. “Estos ejes inspiran y cruzan el presente programa, siendo orientación y guía para las propuestas hacia una nueva Constitución, para un nuevo Chile”.

Las y los canditatos se comprometieron además a exigir el termino del Estado subsidiario, proponiendo “la construcción de un Estado que asuma un rol preponderante en la economía del país, de manera de avanzar hacia la centralización de la riqueza nacional. Ello, debe ser acompañado de la democratización de las instituciones estatales”, asegurando mayor participación popular en la toma de decisiones (Iniciativas populares de ley, cabildos, eliminación de la prohibición de participación en política de dirigentes gremiales y sociales, etc.).

Otro aspecto es el carácter plurinacional del Estado, “como política que respete los pueblos originarios que comparten el mismo territorio. De ello, debe nacer igualmente las garantías de autonomía y autodeterminación para cada Pueblo”.

Una de las cuestiones centrales que aparece como causa de la crisis del régimen político actual, recalca el documento, es la incapacidad de éste para dar cuenta de la realidad social y política en sus componentes relacionales de naciones y de la centralización política contradictoria con el desarrollo armónico de todo el territorio, lo que tiene implicancias productivas, políticas, administrativas y culturales.

En ese sentido, aparece como una cuestión central avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos y naciones originarias, preexistentes a la invasión y colonización española y, luego, criolla. “Será deber del nuevo texto constitucional reconocer la igualdad de las diversas naciones existentes en Chile, asumiendo su carácter plurinacional, garantizando su respeto y desarrollo en concordancia recíproca, en especial en lo referente a formas de organización propias, respeto a sus costumbres o formas de vida, garantizando la promoción y utilización de sus lenguas propias. La noción de bien común siempre considerará de forma insoslayable el contenido de este reconocimiento del carácter plurinacional de la República”.

“La Constitución deberá dar garantías de formas locales de organización estatal que cuenten con capacidad de regulación de las materias locales, recursos propios obtenidos de forma autónoma y órganos de representación popular de elección democrática”, continúa el documento.

Además, se reconoce en el programa al Chile insular como “territorios especiales” garantizando su administración por sus propios “estatutos especiales”, ya que solo así se promueve la autonomía, localidad, territorialidad e identidad y, “para garantizar que se cumplan estas demandas, es imprescindible pasar de un estado neoliberal a un Estado Social de Derecho”.

El distrito 7 abarca las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua-Rapa Nui, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.