(Por Gato Dequinta)

(PARTE 1)

En este reportaje se entregan cifras de una reveladora radiografía al trabajo de las policías, de las fiscalías y del Poder Judicial que confirman la trágica sensación de impunidad que vive la ciudadanía:  las policías detienen solo a uno de cada 10 autores de delitos; la mitad de las denuncias es archivada por la Fiscalía y solo en un 30% ésta consigue sentencias; mientras el Poder Judicial solo deja en prisión preventiva al 18% de los detenidos y, al final, dicta sentencia en un 17% de los casos. Y también se aporta la explicación de por qué no se investigan los llamados “delitos de bagatela” que quedan impunes y afectan, sobre todo, a los pobres, a los trabajadores y a la clase media nacional.

“A fines de junio fui víctima del robo de mi bicicleta, avaluada en 500 mil pesos, desde el estacionamiento subterráneo del edificio dónde vivo. El edificio cuenta con cámaras de seguridad, las cuales después de horas y horas de análisis, muestran a un desconocido que ingresa a las dependencias a vista y paciencia del personal de guardia, y procede a robar la bicicleta, siendo registradas su entrada y su salida en los videos. Puse la denuncia en Carabineros y la Fiscalía archivó el expediente”.

El caso de Alejandro V. es uno de los cientos de miles de delitos que ocurren en el país y en la región que terminan en la total impunidad y que causan rabia y frustración en todos los chilenos. Y responde al típico patrón de los delitos que jamás se aclararán ni finalizarán con el culpable tras las rejas.

¿Por qué no se investigan este tipo de robos en Chile? Cuando se presentó el proyecto de Reforma Procesal Penal en 1995, el mensaje presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle expresaba que era imposible investigar todos los delitos y que, por ello, se debía centrar el trabajo policial, fiscalías y judicial solo en los delitos llamados “de mayor connotación social” y dejar de lado todos los otros delitos, alegando falta de recursos humanos y materiales. Posteriormente, en el 2007 hubo un acuerdo tácito entre la Fiscalía y el primer Gobierno de Bachelet sobre este asunto, acuerdo que se ha mantenido por los gobiernos posteriores, incluidos los de Piñera.

Las cifras sobre casos y denuncias policiales, el trabajo de los fiscales y las resoluciones y sentencias judiciales confirman totalmente que este acuerdo se sigue cumpliendo, en desmedro del derecho a la justicia de todos los chilenos y chilenas. Y, peor aún, incluso en los casos que llegan a los tribunales, un mínimo de ellos consigue que los culpables queden tras las rejas.

LAS POLICÍAS DETIENEN SOLO EN 1 DE CADA 10 CASOS

Uno de los reclamos más frecuentes de la población es que Carabineros y la PDI detienen a los delincuentes y el Poder Judicial los deja libres de inmediato.

De hecho, hace pocos días Carabineros dio a conocer el ranking de los delincuentes con más detenciones en el país. Se trata de cinco maleantes que, en total, suman 458 detenciones. Lo peor de todo es que, de esos cinco sujetos, cuatro están libertad por orden judicial a pesar del enorme número de delitos cometidos, principalmente robos en lugares no habitados y hurtos.

En el imaginario de la opinión pública está la idea de que la policía “hace la pega” y los jueces no.

Un análisis de los números confirma que con las policías chilenas también se cumple el denominado acuerdo tácito de solo dedicarse a los delitos de mayor connotación social y el resto dejarlos prácticamente en la impunidad.

Según el Centro de Estudios y Análisis Delictual, CEAD, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, el año 2021 se registraron 234.064 denuncias ante Carabineros y la PDI por delitos llamados “de mayor connotación social”, es decir, homicidios, femicidios, violaciones, narcotráfico y crimen organizado.

Todos los días los departamentos de Prensa y Relaciones Públicas de las policías trabajan a full para mostrar la eficiencia del trabajo policial y los medios de comunicación muestran delincuentes detenidos por las policías.

Pero las frías cifras dicen otra cosa y muestran que solo hubo 33.531 detenciones en el mismo período.

Esto significa que, en los casos considerados más graves por la sociedad, solo un 14,3% registra al autor o los autores de esos delitos detenidos por las policías.

Si esto es así en los casos más graves, ¿qué pasará con los delitos considerados menores, como el robo de celulares o bicicletas?

Las cifras del CEAD indican que el año pasado hubo casi 300 mil casos policiales (299.325) de delitos menores, de los cuales apenas el 11,3% registró detenidos.

Es decir, las cifras confirman dos cosas: uno, que en general, en apenas uno de cada 10 delitos graves o menores, la policía detiene al delincuente. Y dos, que la cifra de detenidos es aún más baja en los delitos como hurto de celulares o bicicletas.

INFILTRADOS EN CARABINEROS

Otro punto que impide que se haga justicia es la infiltración de las bandas criminales y el narcotráfico en la policía, especialmente en Carabineros.

Por ejemplo, en septiembre del año pasado tres carabineros fueron dados de baja por integrar una banda que operaba en el tráfico de armas en la Región del Maule.

En enero del año pasado, dos carabineros fueron detenidos en Santiago por integrar una banda delictual dedicada a robar camionetas repartidoras de cigarrillos.

En septiembre del 2020, 13 carabineros fueron detenidos por integrar una banda que realizaba quitadas de productos de contrabando a camioneros en la Región de Tarapacá.

En abril del 2019, un carabinero fue detenido por integrar una banda dedicada a asaltar personas a la salida de los bancos.

Una investigación de Ciper Chile reveló que hubo 112 carabineros formalizados por delitos de narcotráfico entre el 2010 y el 2020.

CORRUPCIÓN, OTRA AMENAZA

También hay que considerar el impacto de la corrupción en las instituciones policiales.

Carabineros a nivel de base, el llamado “paco profundo”, es decir, el que está en un retén o en una comisaría en un barrio o población “caliente”, donde imperan el narcotráfico y las bandas criminales, enfrenta no solo a los delincuentes, sino también severas faltas de infraestructura y financiamiento.

Son conocidas las denuncias que hacen los mismos carabineros, “por fuera” de la institución, en que se quejan que en sus cuarteles faltan repuestos o neumáticos para los radiopatrullas y que, por ello, no pueden salir a recorrer las calles. También reclaman que en algunos retenes no hay condiciones mínimas para trabajar, como baños limpios y decentes y que el “rancho” es de pésima calidad.

Esta verdadera letanía de lamentos de los carabineros rasos se contrapone brutalmente con el enorme fraude al Fisco que realizaron los altos mandos de la institución, el llamado “Paco-Gate” que, en la actualidad, se calcula ha subido a 34.000 mil millones de pesos.

¿Cuántos retenes o comisarías se podrían haber arreglado con este dinero? ¿Cuántos radiopatrullas se habrían podido reparar con ese dinero?

TAMBIÉN EN LA PDI

La PDI no está ajena a la corrupción. El propio exdirector general de la institución, Héctor Espinosa, su esposa y su ex ayudante están formalizado por el delito de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos, por un monto de 146 millones de pesos.

Además, funcionarios PDI también se han visto involucrados en diferentes delitos.

Por ejemplo, un funcionario PDI fue detenido en septiembre del 2021 por contrabando de relojes. Otros dos los fueron por tráfico de joyas robadas.

Tres funcionarios PDI fueron detenidos en octubre del 2020 por falsificación de instrumento público y apropiación de dinero, tras un robo a un banco en Las Condes.

Una situación similar ocurrió con cuatro PDI detenidos en Melipilla y Peñaflor, en el 2019, por apropiarse de 18 millones de pesos encontrados en un allanamiento por tráfico de drogas.

En el 2018 un funcionario fue detenido por integrar una banda que clonaba tarjetas bancarias.