· Las y los consejeros de Unidad para Chile realizaron un punto de prensa refiriéndose a las distintas medidas anticorrupción que formularon para la propuesta de nueva Constitución.

El Partido Socialista (PS), Convergencia Social (CS), Revolución Democrática (RD), Partido Comunista (PC) junto a independientes y escaño reservado, presentaron este viernes en el marco del Proceso Constitucional, las distintas enmiendas en materia de anticorrupción que elaboraron para la propuesta de Carta Fundamental. Dentro de los aspectos que destacaron está el robustecimiento del principio de probidad y transparencia, ampliando obligaciones a actores privados que reciban fondos públicos, innovación que permitiría evitar espacio para la corrupción.

En este sentido, el consejero Yerko Ljubetic (CS) recordó casos de corrupción como SQM, Penta o situaciones ocurridas dentro de municipalidades como la de Vitacura, señalando que “debemos impulsar un acuerdo transversal contra la corrupción. La probidad y transparencia son ejes principales para asegurar una Constitución que proteja a la ciudadanía. La Constitución tiene que hacerse cargo del sistema de abuso y opacidad que actualmente vivimos en todos los niveles: en el aparato público y también en el sector privado”.

Asimismo, relevaron la indicación que le entregaría a la Contraloría General de la República extender su atribución fiscalizadora a todo órgano financiado con fondos públicos, lo que permitiría fiscalizar instituciones como las corporaciones, así como también instituciones privadas financiadas con fondos públicos.

“Parte de la distancia que siente la gente con las instituciones tiene relación con la desconfianza que éstas le provocan. Hay que ser tajantes contra la corrupción: desde el “amiguismo” en la contratación pública, hasta las redes de favorecimiento del narcotráfico o el crimen organizado”, afirmó Ljubetic.

Por otra parte, el bloque de Unidad para Chile propuso regular las remuneraciones de parlamentarios, las que serían fijadas por una Comisión que deba fundamentarlas en función del buen uso de fondos públicos, y criticó la propuesta de la UDI de levantar la prohibición de que personas jurídicas financien campañas de partidos políticos, lo que provocaría una relación más estrecha entre partidos e intereses privados.