El miércoles 20 de enero, luego de la detención de 16 personas en la comuna de Villa Alemana, acusadas de participar en la celebración de un cumpleaños infantil contra la normativa sanitaria, el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, anunció “decretar la expulsión del territorio nacional” de dos de aquellas personas migrantes que “no tenían residencia, por lo cual cometen un delito”.

Si bien las personas migrantes, como todas personas en Chile, se rigen por los mismos criterios de sanción, también, a su vez, son sujetos de derecho con derechos inalienables y garantizados. Tienen el derecho al debido proceso, asistencia jurídica gratuita y acceso a recursos legales (amparo, etc.). Frente a lo anterior, el intendente Martínez ha cometido un grave error, apropiándose de una atribución que no le corresponde: la expulsión. Cómo ratifica el Tribunal Constitucional en octubre de 2019, la atribución de disponer una medida de expulsión sólo le corresponde a los tribunales y no a las intendencias. Por tanto, invocar a la expulsión de una persona migrante sin disponer del proceso legal correspondiente es una acción sin fundamento legal.

Por otra parte, el anuncio del intendente Martínez, señalando que una persona migrante por no tener una residencia vigente resulta equitativa a incurrir automáticamente a un delito, es plenamente falso. Existen varias situaciones por las cuales una persona migrante puede encontrarse en una situación irregular. No obstante, en su mayoría, corresponden a razones administrativas y no delictuales. Es decir, una persona migrante puede no contar con una residencia vigente por tener una residencia previa vencida, estar a la espera de documentación de su país de nacionalidad, etc. Es por ello que la caracterización delictual de estas personas por su situación migratoria vulnera a sus derechos fundamentales, tales como son consagrados tanto por la legislación nacional como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ratificado por Chile en el 1993).

Lamentablemente, los dichos por parte del intendente Martínez son otra expresión más de un gobierno cuya política migratoria busca criminalizar a la migración y acondicionar, y en algunos casos vulnerar, a sus derechos humanos, laborales y sociales. Apenas hace unos días que el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, lanzó acusaciones racistas y xenofobias hacia la comunidad haitiana y, por su parte, el Tribunal Constitucional falló sobre la inconstitucionalidad de seis artículos del proyecto de Ley de Migraciones y Extranjería presentado y apoyado por el gobierno. Cada vez más se evidencia que el slogan del gobierno de promover una “migración ordenada, segura y regular” es, en realidad, un disfraz para vulnerar a los derechos fundamentales de las personas migrantes y de sus familias, siendo el presente caso un intento de ponerles fuera del marco legal para agilizar su expulsión.

La región de Valparaíso merece de una política pública migratoria que garantice la igualdad de trato y la no discriminación para todas las personas que habitan sus territorios. El desafío de promover el desarrollo social y humano requiere de un compromiso y convicción de que todos los derechos son inalienables para todas las personas sin distinción ninguna. Por tanto, un gobierno regional ético es aquello que cumple con los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales, que busca forjar la inclusión, y que reconoce el derecho a migrar y la movilidad humana como ejes centrales.

Una nueva política migratoria, a través de programas de apoyo sobre la regularización migratoria, actividades socioeducativas interculturales y espacios institucionales que garanticen la libre participación de los/as vecinos/as migrantes, promoverá el bienestar integral y la convivencia armónica entre todos y todas, independiente del país de origen, en la Región de Valparaíso.

Rodrigo Mundaca
Candidato a Gobernador Regional
y Equipo programático