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Activista de Cabildo fue reconocida como embajadora del Tratado de Escazú

Bárbara Astudillo Delgado, coordinadora de la Fundación Territorios Colectivos, se une a otros actores socioambientales que exigen al Congreso y al Presidente electo que se firmen y ratifiquen los acuerdos adoptados hace ya cuatro años.

Con el objetivo de ampliar el conocimiento público del Tratado de Escazú de cara al cambio de mando, la campaña “Escazú Ahora Chile” sumó el apoyo de reconocidos actores de la sociedad civil que han destacado por su defensa del medio ambiente, para ser promotores en primera línea y generar conciencia sobre los ecosistemas y los deberes que tienen los gobiernos nacionales y regionales por garantizar su cuidado.

Una de ellas es Bárbara Astudillo Delgado, joven cabildana de la Provincia de Petorca e impulsora de dos recursos de protección por el acceso al agua para los habitantes de la zona, que tendrá como misión desplegar los ejes centrales del Acuerdo de Escazú. Con esto como prioridad, desde ya se está solicitando que el presidente Gabriel Boric lo firme durante la primera semana de mandato para avanzar en la protección de activistas y mejores leyes que aborden el resguardo de la naturaleza.

“Hoy tenemos una realidad muy preocupante en las distintas latitudes del país enfrentando una escasez hídrica -en gran parte del país con decretos de escasez-, además de una contingencia de delitos ambientales cada día en mayor aumento”, señaló Astudillo, quien fue parte del equipo técnico en asuntos de agua para el programa de Apruebo Dignidad.

Si bien el énfasis está puesto en la necesidad de contar con instrumentos que permitan defender a las comunidades que se ven amenazadas por proyectos de gran impacto ambiental, «también se busca proteger a quienes sufren la persecución institucional por levantar denuncias de lo que le afecta en el lugar donde habitan”.

“La Provincia de Petorca es epicentro de gran ausencia de la institucionalidad en permitir desastres ambientales de diversas industrias que destruyen flora nativa y cuerpos de agua por un llamado progreso que sólo ha enriquecido a unos pocos”, agrega Bárbara Astudillo, coordinadora de Territorio Agua de la Fundación Territorios Colectivos de la Región de Valparaíso.

Gran parte de los conflictos, resalta la activista medioambiental, “los sostienen las mismas comunidades con denuncias que no son respondidas porque existe un conflicto de interés político-empresarial, donde lograr justicia lleva años en maletas de dirigentes históricos. Este tratado viene a otorgar ayuda para que logremos el anhelo del buen vivir para nuestras futuras generaciones que se han visto perjudicadas, para poder seguir habitando un valle cada día más seco sin oportunidades más que seguir resistiendo”.

Junto a Astudillo, se unirán a la campaña “Escazú Ahora Chile” liderada por Sebastián Benfeld, las dirigentas sociales Lorena Donaire, de Petorca; Katta Alonso y Juanita Fernández, de la bahía de Quintero y Puchuncaví; Karina Jiles de Laguna Verde; Marcela Mella, del Cajón del Maipo; Juan Carlos Viveros, de Chiloé, y Julieta Martínez, defensora de la infancia y la juventud, todos activistas que de una u otra manera han sido víctimas de ataques o amenazas por su labor.

ACUERDO DE ESCAZÚ

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe se adoptó en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, después de dos años de reuniones preparatorias (2012-2014) y nueve reuniones del Comité de Negociación establecido en 2014, liderado por Chile y Costa Rica.

El Comité estuvo compuesto por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

El objetivo de este primer acuerdo ambiental de la región es luchar contra las injusticias y desigualdades ambientales, garantizando que la ciudadanía cuente con las herramientas adecuadas para poder defender su entorno, tales como: acceso a la información ambiental, posibilidad de participar de los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia nacional en esta materia. Además de brindar protección efectiva a las y los defensores ambientales que día a día se encuentran expuestos a ataques y amenazas.

 

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