Ante el anuncio de más recursos para mejorar la infraestructura de 389 colegios públicos por parte del Mineduc, la parlamentaria planteó la preocupación por la totalidad de los establecimientos que dependen del Estado y que son más de 6 mil en todo Chile.

La diputada Camila Rojas (Comunes) ofició este lunes al Ministerio de Educación con el fin de conocer en detalle el plan de retorno gradual a clases presenciales en 2021 anunciado por parte de la autoridad. La solicitud surge al mismo tiempo en que el Mineduc anunció que destinó más recursos (un total de 13.300 millones) para proyectos de mejora de infraestructura en 389 escuelas públicas del país, del programa “Yo confío en mi escuela”.

“El fondo era de la mitad del dinero que se terminó destinando finalmente. En ese sentido, bien por esos 389 colegios que postularon y podrán adaptar sus instalaciones, sin embargo, es un grupo muy pequeño de establecimientos. Entre jardines, escuelas y liceos dependientes del Estado o de alguna municipalidad son más de seis mil y, por lo que hemos visto en terreno, la gran mayoría tiene falencias de infraestructura y acondicionamiento”, comentó la parlamentaria del Frente Amplio.

“La noticia nos inquieta porque muchos establecimientos que no figuran en este plan también requieren condiciones seguras y de confianza para un eventual retorno. Por ello oficiamos al Ministerio para tener el detalle del plan de retorno 2021 que han anunciado. El acondicionamiento presencial y virtual, es decir, contar con computadores y conexión a internet en el hogar, es uno de los temas fundamentales”, agregó.

De esta manera la diputada Rojas, que es miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, solicitó al Mineduc detalles de la evaluación del año escolar 2020 y detalles del plan de retorno para este 2021, que incluya información acerca de las medidas concretas y su financiamiento a corto plazo para la realización de clases en modalidad presencial o virtual; las medidas a largo plazo que contribuyan en disminuir las brechas de aprendizaje acrecentadas a raíz de la pandemia y, por último, las medidas que se adoptarán respecto al pago de subvenciones.