(Por Gato Dequinta)

En esta tercera parte damos a conocer que, tras la labor de las policías y las fiscalías, la impunidad de los delitos menores se mantiene en el Poder Judicial. Del total de causas penales en los tribunales del país, solo el 17,5% termina en sentencia. Mientras tanto, a pesar de que solo el 38,7% de los condenados se encuentran realmente privado de libertad, las cárceles no dan abasto y están repletas; y el mantenimiento y construcción de recintos penales es caro y no se encuentran entre las prioridades actuales del país.

EXCESO DE GARANTÍAS EN LOS TRIBUNALES

Una de las críticas al Poder Judicial es su excesivo garantismo hacia los delincuentes y poca protección hacia las víctimas. Esto se refleja en la enorme cantidad de libertades provisionales que se otorgan a los imputados de delitos, incluso hechos graves o que han cometido delitos reiterados.

Las últimas cifras disponibles del Poder Judicial confirman esta sensación de impunidad que vive cada día la ciudadanía: de 327.556 controles de detención, solo el 18,6% tuvo medidas cautelares, entre las cuales figura la prisión preventiva. Es decir, del total de detenidos por las policías por diversos delitos en Chile, el 81,4% no va a la cárcel.

SENSACIÓN DE IMPUNIDAD JUDICIAL

La sensación de impunidad que sufre la ciudadanía sigue después que el delincuente es detenido y, con suerte, la causa llega a los tribunales.

De las 609.507 causas penales terminadas por los tribunales de justicia del país en el 2020, sólo el 17,5% concluyeron con sentencias, siendo esto un 49% menos que las sentencias dictadas en el 2019, según el Informe Anual de Estadísticas Judiciales del 2020 del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. (Las cifras del año pasado aún no están disponibles en ese organismo).

Del total de causas, en un 26,1% los jueces dictaron sobreseimiento definitivo y en 14,3% resolvieron no iniciar la investigación. Mientras que en un 10,2 % los jueces decidieron aplicar el principio de oportunidad y cerraron la causa. Además, acogieron los requerimientos de aplicar solo multas en delitos menores (monitorio) en un 26,2 %.

Es decir, todo el trabajo que realizan las policías y los fiscales, por orden de un juez el 40% termina finalmente en nada.

En el detalle, el informe del INE señala que, respecto de las causas penales terminadas por delitos contra las personas, en un 41 % se declaró el sobreseimiento definitivo; y solo un 15,2% tuvo sentencia.

En los delitos contra la propiedad, se declaró sobreseimiento definitivo en un 28,6%, mientras un 19, 6% obtuvo sentencia.

CÁRCELES NO DAN ABASTO

¿Y qué pasa una vez que los jueces dictan sentencia?

En Chile, 117. 542 personas están bajo el control de Gendarmería de Chile, según cifras de la propia institución, en octubre del 2021.

De ellas, 45.513 cumplen condena, de las cuales 38.752 están en régimen cerrado, 547 en régimen semiabierto, y 6.114 en régimen abierto.

Sin embargo, hay otras 53.660 personas en sistema abierto que han recibido diferentes beneficios. Por ejemplo, 25.371 tienen remisión condicional, y 16.238 libertad vigilada intensiva.

Mientras, 18.371 están el régimen postpenitenciario, es decir, están bajo control para borrar sus antecedentes penales después que cumplieron las condenas.

Es decir, solo un 38,7% de las personas condenadas en Chile están cumpliendo pena efectiva privadas de libertad en las cárceles. Otro 15,6 % se encuentra el régimen postpenitenciario.

El resto de los condenados, un 45,6% no está en la cárcel. Así de simple, así de brutal.

ALTOS COSTOS CARCELARIOS

El hecho que casi la mitad de los condenados no esté privada de libertad se debe, entre otras razones, a que las cárceles en Chile están al tope, no caben más presos.

El ranking del World Prison Brief (WPB), la principal base de datos mundial sobre asuntos penitenciarios, que es compilado por el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia (ICPR, por sus siglas en inglés) en Reino Unido, indica que Chile tiene un 100,5% de ocupación carcelaria.

En tanto, un estudio sobre Costo del Crimen y la Violencia en América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, señala que Chile gasta 0,57% de su PIB en mantener las cárceles. Es decir, 1.824 millones de dólares anuales.

El gasto del Fisco chileno por cada preso en el país es de 724 mil pesos al mes, según reconoció el Ministerio de Justicia ante la Cámara de Diputados.

Un ejemplo del alto costo de construir nuevos recintos penitenciarios en la nueva cárcel de Talca, que comenzará a operar el segundo semestre de este año. Tiene un valor de 120 mil millones de pesos, para 1.800 internos.

En medio de las restricciones presupuestarias actuales, obligadas por la pandemia que ha impactado en la economía mundial y nacional, además de las enormes demandas sociales por mejor salud, educación y pensiones, pensar en gasta plata para construir nuevas cárceles no parece estar dentro de las primeras prioridades.

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